El fuego empieza en silencio, casi siempre por negligencia humana, en medio de semanas sin lluvia.
El fuego empieza en silencio, casi siempre por negligencia humana, en medio de semanas sin lluvia.
La sequía, el calor, la vegetación seca y el viento contribuyen a expandirlo en pocas horas.
Las alertas tempranas fallan o llegan tarde, mientras el bosque nativo se pierde y los vecinos sufren las consecuencias.
Entonces son los brigadistas los que abren cortafuegos y combaten en terrenos difíciles, donde nadie más llega.

Ante la falta de prevención coordinada, la respuesta llega con la emergencia
Equipo de FOCO Bootcamp/FTA-FOPEA
Argentina, 18 de noviembre de 2026
La superficie de bosques andinos patagónicos de la Argentina afectada por incendios forestales durante el período octubre 2025 – marzo 2026 fue de 60.845 hectáreas, según un reporte de Greenpeace. El fuego vuelve a encontrar, una y otra vez, condiciones favorables para avanzar: negligencia humana; sequía; altas temperaturas; vientos intensos y acumulación de material combustible. El resultado se repite: viviendas y patrimonios destruidos; comunidades en crisis y pérdida de bosque nativo. Mientras gran parte de los recursos se concentran en combatir las llamas, la prevención sigue siendo uno de los grandes desafíos pendientes. Esta investigación periodística revela que la Patagonia carece de una preparación a la altura de los incendios que se devoran sus paisajes naturales. Por eso, a esta región le queda reaccionar ante cada crisis ya desatada.
“A la noche, el bosque parecía un árbol de Navidad. Miraras hacia donde miraras, en los cerros había foquitos, casi en los cuatro puntos cardinales. Era tétrico ver luces naranjas por todos lados”.
En los relatos de quienes estuvieron allí, en el perímetro de los incendios, el fuego dejó de ser solamente un fenómeno físico. Cobró cuerpo, movimiento y una voluntad difícil de anticipar. Se convirtió en un “monstruo”, una palabra que aparece una y otra vez entre brigadistas y bomberos consultados para intentar describir algo que parecía exceder cualquier capacidad de respuesta.
Los testigos lo definen como un incendio de sexta generación: un episodio extremo en el que la intensidad, la velocidad de propagación y las condiciones meteorológicas pueden desbordar los recursos disponibles. En esos escenarios, sumar personal o equipamiento no siempre alcanza y, a veces, sólo la imprevisible lluvia permite recuperar el control.
“Nos convencemos de que podemos resolver cualquier situación y, cuando te encontrás con este tipo de emergencia, el ego se desploma porque nada de lo que hagas es suficiente”, señala Daniel Díaz, jefe de Bomberos de Epuyén (Chubut), una de las localidades más afectadas por el megaincendio de comienzos de 2026.
La ecorregión que merece ser mirada con más atención
Se extiende a lo largo de 5 provincias argentinas: Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Su extensión total es de 6.452.891 ha, de las cuales casi el 50% corresponde a bosques nativos.
3.217.486 ha de bosques nativos.
Nueve pedidos de acceso a la información, una decena de correos y una conclusión incómoda
Si bien la normativa obliga a prevenir los incendios, esta investigación no pudo acceder a evidencia acerca de la existencia de una política pública preventiva clara y coordinada entre las distintas provincias de la Patagonia y las entidades nacionales. Si estos datos existen, la Ley de Acceso a la Información Pública (AIP) no funcionó para conseguirlos: las nueve solicitudes presentadas recibieron respuestas incompletas o directamente no consiguieron respuestas (ver anexo descriptivo). Los organismos del Estado guardan silencio o hacen derivaciones a otros organismos. En algunos casos, las informaciones recibidas describen acciones generales no comprobables o carencias de equipamiento.
Para este estudio se solicitaron datos a la Agencia Federal de Emergencias (AFE), organismo del Ministerio de Seguridad Nacional; a la Dirección Nacional de Bosques de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación en consultas específicas sobre las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; a la Administración de Parques Nacionales, organismo autárquico y con enfoque en las jurisdicciones de Santa Cruz (solicitud de información por los parques nacionales Los Glaciares, Perito Moreno y Parque Nacional Patagonia) y Tierra del Fuego (consulta por el Parque Nacional Tierra del Fuego); al Servicio Meteorológico Nacional, en el ámbito del Ministerio de Defensa; a la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos del Ministerio de Seguridad de Neuquén; a la Secretaría de Bosques de Chubut encargada del Servicio Provincial del Manejo del Fuego y la gestión del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), y al Servicio de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales (SPLIF) del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro.
Tampoco se pudo concertar entrevistas con la mayoría de los responsables locales de la prevención a quienes se les mandó, en total, una decena de correos electrónicos. El equipo de FOCO Bootcamp contactó en Neuquén, a Luna Luciana Ortíz, secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos; en Río Negro, a Orlando Isaías Báez, coordinador del Servicio de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales (SPLIF); en Chubut, a Abel Nievas, secretario de Bosques; en Santa Cruz, a Ayelén Alberti, funcionaria a cargo de la Dirección Provincial de Bosques y Parques, y en Tierra del Fuego, a Rodrigo Cía, subsecretario de Manejo del Fuego. De todos estos funcionarios, el único que efectivamente permitió un diálogo fue Nievas, aunque en la conversación dijo que carecía de datos sobre recursos aplicados a la labor preventiva en Chubut.
La Ley Nacional de Manejo del Fuego (26.815) fija los presupuestos mínimos para la prevención y el combate, crea el Sistema Federal de Manejo del Fuego y exige planificaciones provinciales, regionales y nacionales; la Ley de Bosques Nativos (26.331) obliga a las provincias a ordenar territorialmente sus masas boscosas según su valor de conservación. Salvo Santa Cruz, las provincias patagónicas cuentan además con legislación específica. Estas normativas se complementan con evaluaciones de carga de combustible vegetal (toda biomasa que potencialmente puede arder al ser expuesta a una fuente de calor) y con el monitoreo del índice meteorológico de peligro (FWI), una herramienta basada en el Sistema Canadiense de Evaluación de Peligro de Incendios Forestales, que la Argentina adoptó en el año 2000.
El índice se calcula a partir de datos meteorológicos, y permite estimar la probabilidad de inicio de un incendio y predecir su comportamiento. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) tiene 5 estaciones meteorológicas en la ecorregión Andina Patagónica: Chapelco (San Martín de los Andes), Bariloche, El Bolsón, Esquel y Lago Argentino.
Abel Nievas, secretario de Bosques de Chubut, trabajó casi 30 años en el Servicio Provincial de Manejo del Fuego. En un diálogo con este equipo de FOCO Bootcamp, explica que el FWI se utiliza para monitorear el riesgo y planificar las acciones de control. Por ejemplo, con un nivel de bajo a moderado, la brigada puede estar a más de 15 o 20 minutos de la base haciendo quemas o tareas de prevención. Nievas agrega que a medida de que el nivel aumenta a muy alto y extremo, tienen que estar con los equipos cargados en la camioneta para dar una respuesta inmediata a las alertas de incendio.
Sobre el manejo de combustibles de origen vegetal, Nievas comenta que los planes invernales que se realizan cada año incluyen trabajos de silvicultura y quemas preventivas. Cuanto mayor sea la acumulación de combustibles en una zona, mayor cantidad de calor podrá desprenderse y el incendio podría ser más intenso.
“Después del incendio de 2021, donde se quemaron 500 casas, reanalizamos las campañas de prevención, y se conformó una mesa comarcal junto con Parques Nacionales, con el Servicio de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales (SPLIF) de Río Negro y con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. En general, se advierte que la respuesta coordinada está más bien dirigida a reaccionar a un incendio, no a evitarlo”.
Esa coordinación de organismos está pensada para reaccionar, no para prevenir. El Sistema Federal de Manejo del Fuego, creado por la Ley 26.815, está integrado por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, la Administración de Parques Nacionales, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, el Decreto 1.136/2024 dictado durante la administración del presidente Javier Milei derivó esta política ambiental al Ministerio de Seguridad, que pasó a ser la Autoridad Nacional de Aplicación de la Ley 26.815.
La respuesta a un incendio se organiza en tres niveles:
Las acciones preventivas detectadas en las provincias patagónicas se presentan como esfuerzos aislados, con diferente grado de alcance y consolidación. En algunas jurisdicciones se observa más sistematización que en otras, pero todas parecen en marcha de una forma u otra. Para hacer este análisis se tomó fundamentalmente en cuenta la información disponible para el público general.
El Estado creó el Sistema Provincial de Manejo del Fuego mediante una ley promulgada en diciembre de 2025. Este mecanismo establece un enfoque integral de la prevención, con participación de actores públicos, privados e intermedios, y un fondo específico. Fue la respuesta a los incendios que habían ocurrido el año pasado en el Parque Nacional Lanín. Pero un año más tarde resulta difícil determinar qué tipo de avances hubo con esta política. La última noticia oficial disponible sobre el tema data de enero de 2026 y anuncia la contratación de 30 brigadistas eventuales.
Aquí se percibe un nivel mayor de desarrollo e institucionalización. El Servicio de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales (SPLIF) tiene su propia página web, donde informa la realización de charlas de concientización y de monitoreo del terreno como actividades preventivas de rutina. Esas acciones son descritas con mayor detalle en las pestañas de las centrales de Bariloche, El Bolsón y General Conesa, y de la subcentral Beltran.
La investigación identificó que en esta provincia se desarrolla una campaña educativa anual contra los incendios dirigida a las escuelas primarias y capacitaciones destinadas al personal docente. El Gobierno anunció en mayo la realización del Plan Operativo Invernal 2026 que incluye tareas destinadas a reducir el impacto de los incendios forestales.
La provincia está en la etapa final de elaboración del Plan de Prevención de Incendios Forestales para alrededor de 430.000 hectáreas. La iniciativa logró la participación del Estado, vecinos y organizaciones de la sociedad civil, y en septiembre de 2026 había recibido casi 100 propuestas. Se trata de una acción promovida por el Gobierno con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas. En agosto, autoridades del Consejo Agrario Provincial habían dado cuenta de las tareas de preparación acometidas para reducir el impacto de los incendios.
La Ley 1.550 organiza la prevención de incendios forestales y rurales en todo el territorio de la provincia mediante acciones, normas y procedimientos para evitar focos. El portal del área de Ambiente presenta gran cantidad de información práctica dirigida a orientar a la población, como la recomendación de usar calentadores a gas en campamentos y trekkings, y las medidas de seguridad para las viviendas de la llamada interfase.
Por su parte el Servicio Nacional de Manejo del Fuego precisó que la Regional Patagonia dispone de un equipo interdisciplinario de aproximadamente 30 personas. Este staff está a cargo, entre otras actividades de concientización, de brindar charlas en instituciones educativas y organizar conversatorios abiertos a la comunidad. Estas tareas se realizan con el personal designado por las provincias y por Parques Nacionales.
Más allá de lo que establece la normativa, queda en el aire una pregunta: ¿cuánto se invierte realmente en prevención? Pese a haber presentado 9 pedidos de acceso a la información pública a autoridades nacionales y provinciales, no fue posible obtener datos precisos sobre los presupuestos destinados a las estrategias dirigidas a evitar los incendios.
“En algún momento creí que era una cuestión presupuestaria, pero, cuando los fondos aparecen durante la emergencia queda demostrado que, cuando se quiere, están”.
Los incendios exhiben escenas dramáticas. Especialistas consultados para esta investigación dicen que la espectacularidad del fuego condiciona los presupuestos y hacia dónde va la atención de quienes gestionan los recursos. Muchas veces se priorizan las escenas cinematográficas por sobre las acciones “invisibles” de prevención.
“El enfoque reactivo sobre los incendios puede identificarse también en la publicidad que reciben estos eventos y en el sensacionalismo de un avión hidrante que lanza 10.000 litros con precisión en contraste con la exposición que tiene el barrido rutinario de material seco. Vende, ‘garpa’, hacer propaganda durante una catástrofe, cuando está toda la atención puesta ahí y aparecer con millones de dólares para combatir incendios. Lamentablemente no tendría el mismo impacto social o quizás eso creen quienes toman decisiones el trabajar en prevención”, reflexiona Díaz, jefe de Bomberos de Epuyén.



1: Incendio en Los Alerces © Maxi Jonas - Greenpeace / 2: Incendio en Epuyén © Matías Garay - Greenpeace / 3: Incendio en El Bolsón © Marcelo Martínez - Greenpeace
Durante sus dos primeros años de gestión, el Gobierno de Javier Milei no tuvo una Ley de Presupuesto aprobada por el Congreso. En 2024 y 2025 se usó el presupuesto prorrogado de 2023, lo que dio al Poder Ejecutivo un margen amplio para modificar las partidas. Recién en 2026 el Gobierno cuenta con una Ley de Presupuesto.
Este proceso vino acompañado de un debilitamiento institucional del ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que pasó a ser una Subsecretaría, y del cierre de programas y herramientas para la ejecución de políticas ambientales. Entre ellas se destaca la disolución de los fondos fiduciarios de Manejo del Fuego y de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, ambos vinculados con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
Según el Monitor Ambiental de Presupuesto de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), los fideicomisos agilizaban las transferencias a las provincias, permitían controlar mejor el uso de los fondos, y facilitaban planificar políticas de conservación a mediano y largo plazo.
A este panorama se suma la caída real presupuestaria en el Servicio Meteorológico Nacional y la Administración Nacional de Parques Nacionales.
En el año 2024 se registró la menor ejecución presupuestaria del Servicio Nacional de Manejo del Fuego desde 2017: el gasto en esta área alcanzó el 22% de los recursos disponibles.
En millones de pesos
Fuente: Monitor Presupuestario de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) con base en Presupuesto Abierto.
De acuerdo con el análisis de FARN, los fondos destinados al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) en el proyecto de Presupuesto 2027 ascienden a $38.815 millones, esto implica un aumento real del 60,1% respecto de 2026, pero una caída del 55,8% en relación con la misma partida de 2023. Estos recursos no sólo deben emplearse en tareas de combate del fuego, sino también de prevención.
Brigadistas, bomberos voluntarios y comunidades sostienen la primera línea de una emergencia que la prevención no evita
En los incendios forestales de la Patagonia intervienen distintos cuerpos: brigadistas, bomberos, guardaparques, pilotos y vecinos, con formaciones y funciones específicas, que en los operativos de mayor escala actúan de manera coordinada y, muchas veces, bajo estructuras de comando conjunto. En el terreno, las diferencias institucionales se vuelven menos visibles porque todos comparten un mismo objetivo: ganar tiempo, abrir líneas de defensa, proteger viviendas o evitar que un foco vuelva a encenderse. Sin embargo, hay incendios en los que ni la cantidad de personas ni los recursos alcanzan: el viento cambia, las llamas se aceleran y la prioridad pasa a ser no exponer vidas.
Los distintos cuerpos de combate:
Brigadistas de Parques Nacionales
Combatientes especializados en incendios forestales, rurales y de interfase dentro de las áreas protegidas nacionales.
Brigadistas del Sistema Nacional de Manejo del Fuego
Equipos federales que pueden desplazarse para reforzar incendios de gran magnitud.
Brigadistas provinciales
Integran los sistemas de manejo del fuego de cada provincia y actúan principalmente fuera de los parques nacionales.
Bomberos voluntarios
Intervienen especialmente en zonas pobladas y de interfase.
Brigadistas comunitarios
Vecinos organizados en zonas rurales o de interfase; algunos grupos cuentan con capacitación, seguros y equipamiento.
Guardaparques
Colaboran en prevención, detección y tareas operativas.
Pilotos y tripulaciones aéreas
Realizan reconocimiento, traslados, y descargas de agua o retardantes.
Otros apoyos especializados
Operadores de maquinaria, meteorólogos y equipos de logística y comunicaciones que sostienen el operativo.
El equipo con el que combaten el fuego en Parques Nacionales, según la información obtenida a través de pedidos de acceso a la información
Su indumentaria incluye chaqueta y pantalón ignífugo, casco con antiparras, guantes, botas, linterna y mochilas según su función; para la línea de fuego lleva palas forestales, y para comunicarse, handys y equipos satelitales.
Su indumentaria incluye chaqueta y pantalón ignífugo, casco con antiparras, guantes, botas, linterna y mochilas según su función; para la línea de fuego lleva palas forestales, y para comunicarse, handys y equipos satelitales.
El Servicio Provincial del Manejo del Fuego de Chubut dispone de 13 bases de brigada a lo largo de la Cordillera, dos anexos, una Central de Coordinación y Despacho, y una Subcentral de Incendios Forestales. El personal cumple diferentes roles, como combatientes, radioperadores o jefe de cuadrilla.
Para los cuerpos de bomberos voluntarios, el combate tiene además un costo personal. Muchos de sus integrantes son cuentapropistas: comerciantes, albañiles, plomeros o electricistas. Cada jornada destinada al incendio es también una jornada en la que dejan de trabajar y de generar ingresos. En las ciudades más grandes, algunos cuarteles cuentan con personal rentado para funciones específicas, pero buena parte de la estructura sigue sostenida por voluntarios que interrumpen su vida cotidiana para responder a la emergencia.
No todos los que llegan a la primera línea del fuego forman parte de estructuras oficiales. En zonas rurales, de interfase o de difícil acceso, las brigadas comunitarias pueden convertirse en una primera respuesta clave gracias a su conocimiento directo del territorio, aunque no siempre cuentan con el mismo reconocimiento institucional que los cuerpos oficiales.

El fuego avanza libremente y los medios no logran frenar su propagación; es la etapa más crítica y cambiante.

Se frena el frente principal, pero el fuego sigue activo, y puede reactivarse con viento fuerte o pendientes.

El fuego queda rodeado en todo su perímetro pero faltan asegurar líneas y enfriar bordes para evitar escapes.

Existe línea de control segura en todo el perímetro y el fuego ya no puede superarla; no retrocede de estado.

No quedan llamas ni focos calientes activos tras la liquidación y la guardia de cenizas, el incendio terminó.
Factores de ignición, de propagación y condiciones estructurales: las variables que una política preventiva debería gestionar antes de la primera llama
Los rayos pueden iniciar incendios que permanecen latentes durante días y luego se expanden bajo condiciones favorables, como ocurrió en diciembre de 2025 en el lago Menéndez. La actividad volcánica también puede encender vegetación cercana, aunque es una causa poco frecuente en la región.
La mayoría de los incendios tiene origen antrópico o humano. Según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, cerca del 95% está vinculado a acciones de personas, ya sea por negligencia, fallas en la infraestructura de distribución eléctrica o hechos intencionales.
“Un incendio puede generarse por un fuego mal apagado o por una pelea entre vecinos: es muy común que se ajusticien prendiéndose fuego. Los motivos también pueden darse por un grupo de turistas que pasa por una zona donde no debe y deja un cigarrillo prendido”.
También existen quemas intencionales vinculadas al manejo de pasturas o de determinados ambientes. Cuando están autorizadas, deben realizarse bajo condiciones controladas y con personal especializado porque si el fuego se propaga puede generar daños de gran magnitud.
El cambio climático inducido por la actividad humana está modificando las condiciones de fondo en la Patagonia: temperaturas más altas, menos precipitaciones en amplias zonas y mayor frecuencia de eventos extremos. Ese contexto favorece períodos más prolongados de sequedad y aumenta la disponibilidad de vegetación susceptible de arder.
El fenómeno de El Niño en desarrollo durante 2026 anticipa un final de verano y un comienzo del otoño riesgosos. Un informe reciente del Conicet y la Fundación Bariloche advierte que un invierno y una primavera húmedos genera un exceso de biomasa y continuidad de combustible fino que, al secarse en un verano cálido y seco, desata las temporadas de incendios más severas (acumulación seguida de desecación). A esta situación se exponen las reservas naturales patagónicas durante 2027.
Sobre ese contexto general pueden darse combinaciones meteorológicas especialmente peligrosas. La llamada regla del 30/30/30 es un indicador empírico utilizado en el combate de incendios forestales: señala condiciones favorables a una propagación rápida cuando coinciden más de 30 °C de temperatura, menos del 30% de humedad relativa, y ráfagas de vientos superiores a 30 km/h.
Temperatura (+30°C)
Favorece el calentamiento, y el secado de hojas, ramas y pastizales.
Humedad relativa (-30%)
El aire seco hace que la vegetación pierda humedad y se encienda con mayor facilidad.
Viento (+30 km/h)
Acelera el avance del fuego y puede transportar brasas que generan nuevos focos.
Cantidad de días con más de 30 °C.
Milímetros acumulados por año.
Cantidad de días con registros superiores a 30 km/h.
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. *El gráfico muestra una baja aparente de los vientos registrados, que no necesariamente implica una caída real ya que puede deberse a cambios de instrumental.
En el bosque andino patagónico conviven especies nativas con plantaciones y ejemplares exóticos introducidos, y esa mezcla modifica la forma en la que el fuego puede avanzar. Los árboles nativos no responden todos igual: algunos toleran mejor los incendios de baja intensidad, otros son muy sensibles y dependen de semillas para recuperarse. Las coníferas exóticas, en cambio, suelen aportar abundante follaje fino, resinas y una estructura de copa que puede aumentar la continuidad del combustible cuando forman masas densas. Por eso, el riesgo no depende sólo de si un árbol es nativo o exótico, sino también de su especie, edad, estado de humedad, disposición en el bosque y de cuánto material vegetal se acumula alrededor.

Árbol nativo
Chusquea culeou
Tras la floración las cañas se secan juntas y forman un combustible fino que arde con mucha intensidad y ayuda a que el fuego trepe a las copas.

Árbol exótico
Pinus contorta var. murrayana
Corteza fina y copa compacta; si muere, no rebrota y vuelve a resurgir únicamente a partir de semillas.

Árbol nativo
Austrocedrus chilensis
Sensible al fuego intenso; si los adultos mueren, la recuperación del bosque es lenta y depende principalmente de nuevas plantas.

Árbol nativo
Nothofagus dombeyi
Su copa densa y la corteza fina lo vuelven vulnerable; si muere, la recuperación depende de árboles sobrevivientes cercanos.

Árbol nativo
Nothofagus pumilio
Resiste poco los incendios fuertes y casi no rebrota; si muere el bosque adulto, debe formarse una nueva generación desde las semillas.

Árbol nativo
Nothofagus antarctica
Es el árbol nativo con mayor resiliencia y adaptación al fuego de la región. Posee estructuras subterráneas que le permiten rebrotar rápidamente.

Árbol exótico
Pseudotsuga menziesii
Es la especie exótica con mayor potencial invasor, desplaza a las nativas y altera la luminosidad. Su corteza gruesa permite que los adultos sobrevivan a incendios moderados.

Árbol nativo
Fitzroya cupressoides
Puede vivir más de 2000 años y formar bosques milenarios; aunque algunos ejemplares sobreviven, reconstruir un bosque antiguo después del fuego puede llevar siglos.

Árbol exótico
Pinus ponderosa
Su corteza gruesa y copa elevada permiten que muchos adultos sobrevivan. Luego puede regenerarse si quedan árboles semilleros.

Árbol nativo
Araucaria araucana
Los adultos soportan mejor incendios moderados y pueden recuperarse tanto por semillas como por nuevos brotes.
El riesgo no depende sólo de cómo empieza un incendio ni de las condiciones climáticas que lo alimentan. También influye cómo se ocupa y se gestiona el territorio. En las últimas décadas crecieron las viviendas y los asentamientos en zonas de interfase entre bosque y áreas habitadas, muchas veces sin planificación suficiente, con vegetación y otros combustibles muy próximos a las casas, y, como se dijo antes, escasas medidas de prevención.
A eso se suman desigualdades en la capacidad de prepararse y recuperarse; falta de mantenimiento del entorno; turismo creciente poco o nada concientizado y una educación ambiental todavía insuficiente.
“El problema principal para mí está relacionado con la gestión territorial. En los últimos 25 años la Comarca creció de manera exponencial”.
El último censo del Indec registró en el departamento de Cushamen, donde se encuentra la localidad de Las Golondrinas, un crecimiento relativo del 34% en los últimos 12 años. Para 2010 la cantidad de habitantes era de 20.919 mientras que para 2022 era de 28.209.
En las últimas décadas, el crecimiento residencial avanzó sobre áreas de vegetación natural. Un estudio de científicos del Conicet y de otras instituciones publicado en 2019 sobre la Comarca Andina, que incluye El Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo y Epuyén, reveló que, entre 1981-82 y 2016, la superficie de interfase urbano-forestal creció el 76%: pasó de unas 12.100 a más de 21.300 hectáreas. Allí las viviendas se mezclan directamente con el bosque, el matorral o la estepa, o quedan muy próximas a grandes superficies naturales. Para 2016, esas zonas concentraban el 96,6% de las construcciones del área analizada. El crecimiento fue especialmente marcado alrededor de Mallín Ahogado, El Foyel, y sectores próximos a El Bolsón y El Hoyo.
Apagar el último foco no cierra la emergencia, el territorio que queda ya no es el mismo
Cuando el último foco se apaga y la atención pública se desplaza, comienza una etapa mucho más larga: la recuperación. Antes, sin embargo, quedan las llamadas “guardias de ceniza”. Durante días, los brigadistas recorren los sectores quemados en busca de troncos calientes, brasas enterradas y materiales combustibles capaces de reactivarse con un cambio de viento.
“Cuando un megaincendio ocurre se dan múltiples consecuencias: generación de gases; pérdida de biomasa y de naturaleza; suelos que van a estar durante muchos años sin su vegetación natural; deforestación, pérdida de cultivos y de animales. Los incendios de grandes proporciones, con gran generación de cenizas, también producen contaminación ambiental, al menos localizada. Son muchas las problemáticas que acarrea un incendio”.
Pero hay pérdidas que no se miden en hectáreas. Las familias pueden perder la casa, los muebles, los animales y sus fuentes de ingreso. Después llegan los meses de trámites, subsidios, reconstrucción y decisiones difíciles: empezar de nuevo o irse. Quienes regresan lo hacen a un territorio que ya no es el mismo.
El fuego deja así una última pregunta: ¿qué ocurre antes, durante y después de cada incendio para que el mismo escenario vuelva a repetirse? Conocer las causas, identificar las condiciones propicias y aprender de sus consecuencias no evita por sí solo la próxima emergencia, pero sí ayuda a diseñar acciones para que la próxima vez el daño sea menor.
Información sobre cómo ayudar, cómo donar, dónde hacer voluntariado y cuáles son las ONG a las que puede recurrirse en esta materia.
Cómo se hizo
La metodología explica el marco del programa, cómo se investigó y qué fuentes se consultaron. El anexo reúne la cronología de los pedidos de acceso a la información pública: las solicitudes, las respuestas —y las que nunca llegaron— y el detalle de lo que se pudo documentar.